Los mineros de Cananea tenían el mejor Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), que incluía servicios médicos en el extranjero y hasta becas para que sus hijos estudiaran fuera de la comunidad, a lo que se sumaban salarios más que justos. Sin embargo, todo se acabó el 30 de julio de 2007, cuando se declaró la huelga.
El pleito laboral en la histórica mina más bien era un conflicto del entonces líder minero Napoleón Gómez Urrutia con el empresario propietario de Grupo México, Germán Larrea.
La disputa judicial llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que confirmó el laudo emitido en 2010 por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en el que se dieron por terminadas las relaciones individuales y colectivas de los trabajadores de Cananea con Grupo México.
En ese contexto se dio el desvío de 55 millones de dólares que se le imputa al propio Gómez Urrutia, que tomó del fideicomiso del Sindicato Minero que encabezaba y que derivó en órdenes de aprehensión en su contra, así como su autoexilio en Canadá.
El dirigente de la disidencia minera, Carlos Pavón Campos, asevera que Napoantepuso sus propios intereses a los de los mineros que representaba, pues a pesar de la disposición de los respectivos gobiernos para destrabar el conflicto, ha sostenido su exigencia para que se retiren las órdenes de aprehensión en su contra y hasta demanda el pago de 100 millones de dólares por supuesto daño moral.
El colmo, expresa, es que Gómez Urrutia pretende que la empresa complemente “la parte de los 55 millones de dólares del fideicomiso minero que utilizó para beneficios personales, como la adquisición de diversas residencias, compra de obras de arte, viajes al extranjero, y la adquisición de residencias en el extranjero, como la ubicada en la calle Waters Edge Crescent, en un barrio exclusivo de Vancouver, Canadá, valuada en 1.8 millones de dólares, a nombre de su esposa Oralia Casso, a quien registró como artista”. Han pasado nueve años desde que el líder minero reventó la huelga en Cananea, donde los principales afectados son los trabajadores, que hasta la fecha tratan de subsistir a la quiebra que les dejó el conflicto.
Esta misma situación se presentó en otras dos minas: la de Taxco, Guerrero, y Sombrerete, Zacatecas, donde Gómez Urrutia declaró la huelga que ha mantenido cerrados los espacios laborales.
“Al final, los verdaderos afectados son los trabajadores: los de Cananea, que perdieron el que ha sido el mejor y más ventajoso contrato colectivo de trabajo en el sector obrero, y los compañeros de Taxco y Sombrerete, que llevan nueve años sin trabajo”, lamenta Pavón Campos.
Y agrega: “Es una tragedia que los compañeros de Cananea perdieran antigüedades de más de 40 años. Muchos de ellos, en edad avanzada, sobreviven juntando botes de aluminio para vender, porque la raquítica ayuda que reciben está condicionada a su participación en marchas y desmanes que les ordena Napillo”.
MÁS HUELGAS
Sin embargo, la estrategia de Napoleón Gómez Urrutia para seguir controlando el negocio minero en México desde Canadá persiste con el apoyo de aliados como la United Steelworkers, así como de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés).
Así lo acusa el dirigente del Sindicato Nacional Minero FRENTE, Carlos Pavón Campos, quien afirma que desde el extranjero, Napoha provocado diversas huelgas, y como ejemplo menciona el caso de la registrada en la empresa de origen finlandés Arneses y Accesorios, en Ciudad Acuña, Coahuila, que cuenta con siete mil obreros.
Además, afirma que Gómez Urrutia ha tratado, sin éxito, de desestabilizar las compañías Monclova-Frontera, TEKSID Hierro de México, Gunderson y PYTCO.
En el caso particular de la AFL-CIO, señala el líder de la disidencia minera, Pavón Campos intenta respaldarse en ella para tratar de revocar la resolución de la Suprema Corte respecto a Cananea.
Explica que el día 3 de agosto, la AFL-CIO acusó al gobierno de México de violar la “ley laboral de México para declarar la huelga ilegal”. Dice que bajo el argumento de que se debe restablecer un contrato justo para los mineros, prestar atención a las familias y comunidades afectadas por el derrame tóxico de la mina y limpiar el Río Sonora, se puede acceder a “un contrato justo con United Steelworkers en las operaciones de ASARCO en Estados Unidos”.
“Esto es chantaje puro, e intromisión de una organización extranjera en los destinos de un país soberano como el nuestro. Y Napilloestá detrás de este ataque al gobierno de México”, asevera Pavón Campos.
Denuncia que, además, la AFL-CIO financia una supuesta organización no gubernamental que se hace llamar ProDESC, a la cual usa como punta de lanza en diversas regiones del país para causar conflictos laborales que beneficien a Gómez Urrutia, como sucedió en el año 2012 en la mina La Platosa, en Bermejillo, Durango.
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