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De 15 a 27 años de prisión son los que debería pasar Napoleón Gómez Urrutia por el robo de los 55 millones de dólares del Fideicomiso Cananea, que es propiedad de los mineros y no de él. Pero, a pesar de la evidencia, de las declaraciones de los bancos, de la empresa y las denuncias de miles de trabajadores, no ha pasado un sólo día en la cárcel; por el contrario, la pasada administración lo premió con fuero por seis años al darle una senaduría. Este caso se volvió uno de los más escandalosos en el ámbito laboral, ligado a la corrupción, el influyentismo y la impunidad.
Por su culpa se perdió el Contrato Colectivo de Trabajo más robusto de la industria minera y de todo el país. Más de siete décadas de beneficios para los trabajadores se diluyeron por los caprichos de un impostor y de eso nadie habla. Por culpa de Napoleón Gómez Urrutia, Napillo, los mineros dejaron de gozar de un contrato que no se repetirá nunca.
Con un rotundo basta al gobierno federal, que les quieren llevar a una pobreza laboral, los trabajadores minero-metalúrgicos pertenecientes a la sección 74, marcharan este martes a las 8.30 de la mañana, desde las oficinas de Peñoles hasta el Palacio Federal, todos ellos liderados por su secretario general a nivel nacional, Carlos Pavón Campos y el secretario local, Héctor Manuel Olveda.
o me pregunto, ¿hasta cuándo la gente se dará cuenta que les están dando miles y les están quitando millones? Desde hace siete años, Morena instauró en México un sistema de programas sociales para dar a millones de mexicanos dinero de manera gratuita. Sin embargo, esos recursos nos han costado mucho no sólo a la clase trabajadora, sino a todas y todos los mexicanos. La prueba es el alza de impuestos que los legisladores morenistas aprobaron hace unos días.
No sólo somos las y los mineros, en las fábricas, en las oficinas, en el campo, la historia es la misma: un sector productivo traicionado y agredido. Llevamos siete años en los que, en lugar de recibir algún tipo de apoyo para vivir mejor, hemos sido robados con legislaciones que disminuyen el salario y, a la par, nos cargan con más impuestos.
“Hay mucho por hacer” no es una frase hecha, es la realidad del sector obrero. Así de clara es la situación frente al primer año de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Mal haríamos en replicar a los charros que dicen que todo va bien, en callar la falta de empleos formales y bien pagados y tampoco seremos omisos ante la ausencia de avances disruptivos en las conquistas laborales. Por el contrario, hemos sido sujetos de un retroceso que nos continúa llevando a la pobreza laboral.
La reciente incorporación de más de un millón de empleos supuestamente formales a las estadísticas del Gobierno federal no fue otra cosa que legitimar la precarización laboral. De la noche a la mañana, choferes y repartidores de plataformas digitales fueron sumados a la “formalidad”, pero sin acceso a una seguridad clara y social real.
Lo único que nos han dado al sector obrero ha sido un golpeteo constante, donde hemos perdido parte de nuestros derechos y conquistas laborales. Esa es la grandiosa participación de los legisladores que dicen representar al sector y que llegaron vía plurinominal, es decir, sin el voto de los trabajadores ni de los mexicanos.



