De confirmarse la constitucionalidad del gravamen creado por el gobierno de Zacatecas a empresas contaminantes, entre ellas las mineras, otros estados podrían aplicarlo también a nivel local.
Trasciende las fronteras estatales la controversia constitucional interpuesta por la Presidencia de la República en contra del impuesto ecológico, de modo que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) repercutiría en todo el país.
El 8 de febrero, la minera Peñoles promovió un amparo contra el impuesto ecológico y otras empresas del sector establecidas en Zacatecas han hecho lo mismo.
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