En los próximos días, la Suprema Corte de Justicia discutirá una solicitud de amparo en cuyas telas se plantea la posibilidad de que un patrón afectado por una huelga pueda solicitar su disolución cuando el pliego petitorio rebase el ámbito laboral.
Planteada ésta por el grupo Minero México, de Germán Larrea Mota Velasco, la dedicatoria apunta directamente al sindicato minero encabezado por Napoleón Gómez Urrutia.
El eje de la alternativa se ubica en los siete años ya que lleva paralizada con banderas rojinegras una mina ubicada en el poblado de Sombrerete, Zacatecas.
De acuerdo con la empresa del llamado "Rey del cobre", ésta se ha allanado desde hace años a las peticiones de corte estrictamente laboral planteadas por los trabajadores, sin que éstos hayan aceptado levantar la huelga.
Y aunque la Secretaría del Trabajo la ha declarado inexistente en varias ocasiones, el sindicato ha logrado en otras tantas amparos de los tribunales laborales para mantenerla viva.
Según la propia empresa, el principal obstáculo para levantar el movimiento es una petición de "indemnización" exigida por el sindicato para resarcirle lo que califica de daños y perjuicios.
El ex secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, había filtrado alguna vez que la exigencia alcanzaba el escándalo de 100 millones de dólares, equivalentes a casi el doble de los 55 colocados en un fideicomiso para prorratearse entre trabajadores sobrevivientes a la privatización de las entonces Mexicana de Cobre y Minera de Cananea.
De concederse la protección de la ley a Larrea, éste liquidaría a la totalidad de los trabajadores de la mina, recontratando a aquellos que se afilien a un nuevo sindicato, naturalmente bajo un Contrato Colectivo distinto.
Como recordará usted, el sindicato minero hizo estallar al unísono tres huelgas en afectación del Grupo Minero México: Una en Mexicana del Cobre, antes Minera de Cananea, alegando violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo en materia de higiene y seguridad, y otras en sendas minas ubicadas en Taxco y Sombrerete.
Cuatro años después, con apoyo de la fuerza pública, se levantarían las banderas rojinegras en la histórica factoría a la que se ubica como cuna de la Revolución, a la luz de la brutal represión para disolver una huelga ordenada por la empresa estadounidense que explotaba la mina, vía la participación de "rangers" provenientes del vecino país. El episodio ocurrió en 1906.
La posibilidad de romper el movimiento llegó por mandato de un tribunal, esgrimiéndose causas ajenas al pliego petitorio planteado. Según ello, a petición de la Secretaría de Economía, quien por ley es fedataria de las concesiones mineras, se había realizado una revisión de las instalaciones paralizadas, documentándose una serie de daños a las instalaciones.
Se hablaba desde destrucción de vías de abastecimiento de agua hasta de inhabilitación de maquinaria y equipos, pasando por un supuesto saqueo de cobre.
Bajo el prisma, se declaró rota la relación entre el sindicato y la empresa, quedando ésta en libertad de liquidar a la totalidad de los trabajadores.
En la coyuntura, el Grupo Minero le otorgó la titularidad de un nuevo Contrato Colectivo de Trabajo a un sindicato de la Confederación de Trabajadores de México.
La posibilidad de que la Corte establezca jurisprudencia en relación al caso Sombrerete ha levantado una espesa polémica entre quienes piensan que se vulneraría el derecho de huelga y los que plantean la necesidad de acabar con el sindicalismo tradicional.
La discusión del máximo tribunal de justicia del país será de antología.
El Siglo de Torreón
23 de abril de 2012
