Pese al laudo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permitirá a Napoleón Gómez Urrutia recibir en los próximos días la toma de nota por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), aún se duda de la legalidad de este acto.
Y es que en 2011 la SCJN emitió una jurisprudencia en la que determinó que la STPS dejaba de fungir como árbitro electoral en materia sindical. Dicho de otra manera, no podía deliberar en torno a la legalidad de los procesos para designar a los dirigentes sindicales, y esto sería jurisdicción sólo de los tribunales: Empero, la STPS sí mantuvo su facultad de revisar que los documentos empleados en la renovación de las dirigencias cumplieran con los estatutos de cada sindicato, y con la Ley Federal del Trabajo.
Así fue como la dependencia detectó que Gómez Urrutia no pudo demostrar ser trabajador de una empresa minera, metalúrgica o siderúrgica, además de que en la convención de 2010, en la que fue "ratificado" como secretario general, se violaron diversos estatutos, como no cubrir el quórum requerido y haber permitido la asistencia de personas que no demostraron ser mineros, pero que votaron por él.
El Financiero
9 de mayo de 2012
