Uno de los pendientes de la pasada administración es la disputa por el control del Sindicato Minero.
Aunque las empresas tratan de minimizar la situación, queda claro que hay incertidumbre sobre el futuro de Napoleón Gómez Urrutia al frente del Sindicato Minero.
Y es que el cinismo del otrora hombre fuerte de ese gremio parece no tener fin, a tal grado que ahora se autoproclama como el máximo conciliador de las diferencias laborales existentes entre empleadores y trabajadores en México.
Esto con el argumento de que el pasado 8 de noviembre logró reunir en Vancouver a la mayoría de las empresas mineras de nuestro país.
Según Gómez Urrutia, en este encuentro tanto empresas como sindicato estuvieron de acuerdo en que el camino a seguir para resolver estas diferencias es el entendimiento "racional, civilizado y constructivo".
Es una lástima que la realidad sea todo lo contrario, ya que desde su llegada al Sindicato Minero lo que ha caracterizado al prófugo líder son los chantajes y las huelgas, no en vano ostenta el récord de 350 paros ilegales, mismos que se resolvieron una vez que las empresas accedían a su petición de proporcionarle una "compensación económica".
Esto preocupa a las empresas, de ahí que sea un expediente al que deberá poner especial cuidado el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida.
De igual manera, el uso de las amenazas y la violencia han sido el sello distintivo del líder y sus allegados.
El caso es que resulta increíble que Gómez Urrutia hable de que "en México hay hambre y sed de justicia" cuando él mismo tiene un proceso judicial pendiente, que su grupo de abogados, encabezados por Marco del Toro, no han podido contrarrestar.
El actual discurso de Napito más que defender a los trabajadores pretende, de nueva cuenta, buscar un acercamiento con el actual gobierno priista (el mismo que rechazó previamente antes de las elecciones, por manifestarse a favor de AMLO) para resolver su situación jurídica. Afortunadamente, este gobierno ya reconoce que antes que cualquier otra cosa, existe un tema judicial que el prófugo líder tiene que resolver.
