La noticia es que el 30 de marzo pasado el Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito rechazó una solicitud de amparo del líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, que le habría permitido enfrentar en libertad el proceso penal que le aguarda a su regreso al país por supuesta malversación de fondos sindicales.

La solicitud del dirigente apuntaba concretamente a invalidar la orden de aprehensión librada en su contra por la supuesta comisión del delito previsto en el Artículo 113 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito.

Como recordará usted, el Grupo Minero México colocó en un fideicomiso el equivalente al 5% del capital de las firmas conocidas entonces como Mexicana de Cobre y Minera de Cananea, exactamente 55 millones de dólares, para prorratearlo entre los trabajadores que habían sobrevivido a la privatización de éstas.

El dinero, inexplicablemente, se entregó al sindicato sin haberse cubierto en su totalidad el reparto.

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17 de abril de 2012