De 15 a 27 años de prisión son los que debería pasar Napoleón Gómez Urrutia por el robo de los 55 millones de dólares del Fideicomiso Cananea, que es propiedad de los mineros y no de él. Pero, a pesar de la evidencia, de las declaraciones de los bancos, de la empresa y las denuncias de miles de trabajadores, no ha pasado un sólo día en la cárcel; por el contrario, la pasada administración lo premió con fuero por seis años al darle una senaduría. Este caso se volvió uno de los más escandalosos en el ámbito laboral, ligado a la corrupción, el influyentismo y la impunidad.
Pero, ¿por qué la deuda con los trabajadores se vuelve aún más grande? Y no me refiero a los intereses que todo ese dinero ha generado desde 2005 —es decir, imagínense cuánto dinero ha cobrado este delincuente en 20 años. Me refiero a la injusticia cometida por el Estado al ignorar a más de 10 mil trabajadores de un abuso cometido frente a todos. Pasan administraciones y pareciera que todas han sido compradas: 55 millones de dólares no es poca cosa, y menos para torcer conciencias. La justicia no llega.
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