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No hay carga más injusta que la que recae sobre quien trabaja, produce y cumple. Hoy, mientras millones de mexicanos sostenemos al país con impuestos, cuotas y servicios menos eficientes y más caros, el Gobierno presume todo tipo de apoyos, ayudas y dádivas en una sola palabrita: “bienestar”. Pero, ¿para quién? Una cruel estrategia que ya rebasa un billón de pesos al año. El problema no es ayudar, el problema es haber convertido el apoyo social en instrumento político, en premio a la lealtad y en negocio electoral.
El secretario general del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico (SNMM) Frente, Carlos Pavón Campos, manifestó su respaldo a la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, pero dejó en claro que su organización no permitirá que esta reforma implique una disminución en los ingresos de los trabajadores ni la pérdida de derechos adquiridos.
Toda su administración se resume en empobrecer a la clase trabajadora. Llevamos más de ocho años aguantando golpes. Han utilizado y exprimido a las y los trabajadores para sacar de nosotros cualquier disparate y venderlo como “programa social” o, dicho sin rodeos, somos una fábrica de votos. Y, en lugar de beneficiarnos, nos castigan donde más duele: en el ingreso del que depende nuestra familia. Nos limitaron en todo: primero las utilidades, ahora las horas extra y hasta han intentado limitar nuestro pensamiento con su retórica de cuarta.
El hecho delictivo no queda en el robo de 55 millones de dólares, sino que Napillo —La Rata, como le dicen los mineros— acumula irregularidades financieras que lo llevaron de ser un empleado de la dorada burocracia (con un alto nivel de deuda) a ser un multimillonario, con una fortuna incalculable en dólares, en bienes inmuebles por todo el mundo, vehículos de lujo, obras de arte y cuentas bancarias en paraísos fiscales.
Con un mensaje de solidaridad y un minuto de silencio por los 10 mineros asesinados en Concordia, Sinaloa, el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico (SNMM) El Frente comenzó su Décimo Tercer Simposium de Seguridad 2026, con el objetivo de alcanzar la meta de cero accidentes fatales en esta actividad.
De 15 a 27 años de prisión son los que debería pasar Napoleón Gómez Urrutia por el robo de los 55 millones de dólares del Fideicomiso Cananea, que es propiedad de los mineros y no de él. Pero, a pesar de la evidencia, de las declaraciones de los bancos, de la empresa y las denuncias de miles de trabajadores, no ha pasado un sólo día en la cárcel; por el contrario, la pasada administración lo premió con fuero por seis años al darle una senaduría. Este caso se volvió uno de los más escandalosos en el ámbito laboral, ligado a la corrupción, el influyentismo y la impunidad.
Por su culpa se perdió el Contrato Colectivo de Trabajo más robusto de la industria minera y de todo el país. Más de siete décadas de beneficios para los trabajadores se diluyeron por los caprichos de un impostor y de eso nadie habla. Por culpa de Napoleón Gómez Urrutia, Napillo, los mineros dejaron de gozar de un contrato que no se repetirá nunca.



