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Una vez más se la aplicó al Gobierno Federal, y es que a unas horas de haber firmado un acuerdo para poder reabrir operaciones en la mina San Rafael en Cosalá Sinaloa, Napoleón Gómez Urrutia, fiel a sus costumbres, se desistió de lo acordado y empezó a poner trabas para no cumplir con el arreglo y entorpecer dicha apertura.

Por más de 11 años, el capricho de un bribón arrastró al municipio de Sombrerete, en Zacatecas, a la miseria pura; dejó a más de mil familias sin empleo, sin ingresos ni para comer. A él no le importaron los niños, ni que los adultos mayores se quedaran sin medicamentos, tampoco las deudas, el pago de la renta. No le importó nada más que su avaricia.

Todos lo hemos visto y para nadie es novedad que desde que llegaron al Gobierno han jugado a la simulación y la trampa: la venta del avión, el Tren Maya, el sistema de salud mexicano igual al europeo, las mañaneras, la lucha contra la corrupción y como era de esperarse, la vacunación no es la excepción.

No veo, no escucho, no hablo, esa es la política que está implementando la 4T con los trabajadores de la mina San Rafael en Cosalá, Sinaloa, y es que los mineros hicieron llegar un documento a la Presidencia de la República y a las secretarías de Gobernación, Trabajo y Economía para pedir la intervención de éstas y sacar de la mina al grupo de golpeadores que la tienen tomada desde hace año y medio y que por si fuera poco pretenden quedarse con el Contrato Colectivo de Trabajo.

«Este primero de mayo no hay nada que celebrar», aseguró el diputado y líder del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente, Carlos Pavón Campos, para luego señalar las deficiencias en los servicios de salud, además de la creación de leyes contra el outsourcing, que, aseguró, dejarán a muchas personas sin empleo.

No nos equivoquemos, lo sucedido esta semana no fue ningún triunfo, sino un asalto a los trabajadores a plena luz del día. El famoso acuerdo entre autoridades gubernamentales, empresarios y algunos sindicatos para delimitar la subcontratación significa poner en riesgo a más de 4.6 millones de empleos.